Hoy completan nueve los hechos de violencia contra líderes sociales ¿Se repetirá la historia?

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Ya completaron nueve casos de violencia contra líderes sociales en la pasada semana. Concejales del Polo Democrático en San Vicente del Caguán denunciaron amenazas de muerte. Alcalde de ese municipio dice que lo están estigmatizando.

Redacción RecpSur

Florencia (Caquetá)

Desde el pasado jueves, se inició la ola de criminalidad. Al día de hoy, organizaciones sociales han contabilizado ya nueve atentados a lo largo del territorio colombiano, y lo peor es que las autoridades parecen no darse cuenta de lo que viene aconteciendo en el sur colombiano. Los miembros de movimientos sociales, agrarios, estudiantiles y de izquierda ya no saben si al salir de sus casas puedan regresar a dormir con su familia. La zozobra ha inundado las mentes de muchos y eso es lo que pretende los enemigos de la paz.

¿Estarán las autoridades pasando de agache la grave vulneración de derechos o estaremos en la antesala de la ‘Operación Pistola’ para desaparecer la izquierda colombiana? Algunos creen que pudiésemos repetir lo que hace ya 30 años fue el genocidio de la Unión Patriótica. Si es así, se pondría en riesgo el futuro de la paz estable y duradera en Colombia. ¿Se repetirá la historia?

Carlos Arturo Salazar Calderón es concejal del municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá) por el partido Polo Democrático Alternativo y muy cercano a las organizaciones sociales de esa región. Dijo sentir temor antes de iniciar la entrevista. Dijo que los hoy occisos, Erley Monroy Fierro y Didier Lozada Barreto, habían denunciado la presencia de grupos paramilitares, además de haber sido víctima de las aseveraciones mal infundadas de Humberto Sánchez Cedeño, alcalde de San Vicente del Caguán.

 

“No deben estigmatizar nuestra administración”

Y en este sentido, el cabildante reiteró que las aseveraciones realizadas por Sánchez Cedeño, alcalde del Centro Democrático, en medios de comunicación pudo haber repercutido en asesinato de los dos líderes campesinos. Ante esto, el mandatario uribista rechazó tales señalamientos, asegurando que “no debemos estar estigmatizando a nuestra administración”.

Humberto Sánchez, alcalde de San Vicente del Caguán.
Humberto Sánchez, alcalde de San Vicente del Caguán.

Reconoció que con la evidente autoridad que las FARC-EP llegaron a ganar a lo largo de los años en estos territorios y ahora ya no estar, la delincuencia común es la que estaría detrás de los crímenes. Esto respondió el mandatario:

Sin embargo, el concejal Salazar aseguró que estos hechos contradicen la bandera política con la que llegó Humberto Sánchez a la alcaldía de San Vicente. Al estar la guerrilla replegada en sus puntos de preagrupamiento, es la fuerza pública la que debería estar garantizando la seguridad de la comunidad. No se entiende, explica el concejal Carlos Arturo, que en las zonas donde antes tenía presencia la guerrilla, la fuerza pública, o no tiene la capacidad de hacer presencia para proteger a la comunidad o, por lo contrario, sea esta misma la que permita el asesinato de los líderes sociales.

En respuesta a esto, el mandatario sanvicentuno dijo a sus contradictores que lo que se quiere es desprestigiar su administración culpándolo del asesinato de esas personas. Sin embargo, aunque dijo que no deberían ellos aventurarse a levantar juicios contra su grupo político, él en cambio sí lo hizo. Dijo que los crímenes pudieron haber sido por “ajustes de cuentas entre personas que en algún momento simpatizaban con la guerrilla”. Y así vuelve a estigmatizar a la comunidad.

Denunció constantes amenazas

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Igualmente, el concejal Salazar denunció que tanto él como sus colegas de bancada, Carlos Salazar, Javier Guependo, Cristian Trujillo y Diofano Borrero, han recibido constantes hostigamientos y amenazas de muerte. Dijo que ya el caso está en la Unidad Nacional de Protección, pero ellos no han hecho mucho al respecto. “Hace un par de meses fuimos amenazados por parte supuestamente de grupos llamados Águilas Negras. Es ahí en donde nos preocupa porque, aunque la UNP ya les hizo la evaluación, no les ha dado aún las medidas”, denunció el líder político.

Oleada de sicariato   

En un comunicado, la Asociación Campesina Ambiental Losada y Guayabero – Ascal-G, filial de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Anzorc, se conoció que en la tarde del pasado 18 de noviembre en la vereda La Siberia de San Vicente, a escasos metros del Batallón Cazadores, fue encontrado gravemente herido don Erley Monroy Fierro. De inmediato, fue trasladado al Hospital ESE San Rafael de este municipio, donde horas después falleció como causa de varios impactos de bala de arma de fuego. ¿Y quién era don Erley Monroy?

Posteriormente, a eso de las 9:15 de la noche del mismo día del asesinato de Monroy Fierro, fue también asesinado el dirigente campesino Didier Lozada Barreto. Según testigos, el señor se encontraba en su vivienda, en el caserío de la vereda Platanillo del municipio de La Uribe (Meta), cuando fue atacado por un encapuchado que le propino seis disparos de arma de fuego.

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Y como si no se tuviera con eso, Hugo Cuellar, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Victoria del municipio de La Macarena (Meta), fue baleado por un encapuchado quien por fortuna solo le propinó un disparo. Cuellar logró forcejear con el sicario, por lo que este solo pudo impactarlo la altura del estómago. El hecho ocurrió hacia las 11:00 de la noche del 19 de noviembre, cuando regresaba del velorio de su amigo Erley Monroy. En estos momentos, aún se encuentra luchando por su vida en la Clínica Mediláser de la capital caqueteña.

Ante la anterior versión de los hechos, las autoridades de la Policía en Caquetá aseguraron que se trataba más bien de una riña, en la que el hoy herido participaría también armado. Esta versión ha sido desmentida por los propios familiares de Cuellar. Camilo Fagua, abogado de la Fundación Derechos Humanos del Oriente Colombiano, DHOC, denunció que el asesinato de los dos dirigentes se debió posiblemente a retaliaciones paramilitares en la zona.

Es una pérdida muy dura para la comunidad de la zona, por lo que don Monroy Fierro representaba. Desde hacía más de 30 años, el dirigente era reconocido por su trabajo comunitario. Residía en su finca ubicada en la vereda Puerto Losada, y desde el año 2012 se desempeñaba en Ascal-G como fiscal. Fue candidato la Asamblea del departamento del Meta por el partido Alianza Verde en las pasadas elecciones regionales, en la que obtuvo 1,181 votos, pero que no le alcanzó para llegar a ser diputado.

Otros casos

A los tres casos anteriores, se suma ya una larga lista de ocho hechos que atentan contra la implementación del nuevo Acuerdo de Paz. El pasado jueves 17 de noviembre, el líder de restitución en el municipio de Sincelejo (Sucre), Argemiro Lara, sufrió un atentado a bala por dos sicarios que se desplazaban en moto. Por fortuna, el líder cuenta con escoltas, uno de los cuales sospechó de los sujetos, desenfundando y accionando primero el arma de fuego. “El escolta se dio cuenta que venían dos manes allí, y cuando quisieron desefundar el revolver para darnos, él le dio de primero y uno de los sicarios, quien resultó herido. El otro se dio a la fuga”, relató a Contagio Radio.

En otro caso, Danilo Bolaños Díaz fue atacado por sicarios mientras regresaba en su motocicleta con su compañera sentimental Karen Nadia del primer Cabildo Abierto por la Paz en el municipio de Leiva. Según se conoció, cerca de las 4:00 de la tarde, en el sector conocido como Igirones, en la vía entre los municipios de Leiva y La Unión, dos individuos que se movilizaban en una moto de marca Honda Spider 100 c.c. El sujeto que iba como parrillero en la moto sacó un revólver y descargó seis balazos contra Danilo y Karen. Afortunadamente ninguno de los disparos logró impactar la pareja.

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Danilo Bolaños Díaz, próximo a cumplir 26 años de edad, es secretario de la subdirectiva de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Nariño, Astracan, de Leiva, integra la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes y hace parte de Juventud Rebelde. Este hecho, ocurrido el pasado 19 de noviembre, lo confirma Yuri Quintero, diputada de Putumayo quien fue invitada a participar en el Cabildo por la Paz de Leiva:

Y como si esto no fuera suficiente, un sexto caso ocurrió también en el departamento de Nariño. Este hecho de sangre, diferente a lo ocurrido con Danilo, este sí terminó en asesinato. Se trata de Rodrigo Cabrera, quien también el mismo sábado 19 de noviembre, hacia las 4 de la tarde, se desplazaba en un ser vicio moto-taxi como parrillero que había tomado en el casco urbano, cuando dos sujetos con pasamontañas en la cabeza los interceptaron. Estos desenfundaron una pistola calibre 38, la que accionaron en 12 ocasiones sobre la humanidad de Rodrigo, quitándole instantáneamente así la vida.

El conductor de la motocicleta resultó herido a la altura de la columna. Luego del hecho sicarial, fue llevado a la Clínica Cafesalud de la ciudad de San Juan de Pasto, donde se encuentra con pronóstico reservado. El Rodrigo Cabrera, de 39 años de edad, era líder en la vereda Rosales del Corregimiento de Altamira, municipio de Policarpa. Era un agricultor, esposo de la señora Sor María Mesa, padre de dos hijas menores de edad de 17 y una recién nacida de 7 meses de edad.

Este hecho de sangre se produce en Policarpa, municipio en el que confidencialmente se proyecta la ubicación de una Zona Veredal Transitoria de Normalización – ZVTN, particularmente en el sector conocido como La Paloma de la vereda Betania, corregimiento de Madrigal. Muy cerca de allí existe un Punto de Preagrupamiento Temporal, PPT, en la vereda La Hoja, corregimiento de Sánchez, en desarrollo del Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo entre el Gobierno y las FARC-EP.

Avistamientos extraños

Y para terminar este fin de semana de persecución y asesinatos (hasta ahora), este otro caso, el séptimo de esta despiadada lista, ocurrió el pasado sábado, 19 de noviembre. Según pudo confirmar la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, fue una presencia hostil que Humberto Orozco, líder de la Asociación Campesina del Valle del Cauca, Astracava, y de la Coordinación Campesina del Valle del Cauca-CCVC, avistó cerca de su casa en el corregimiento Piedritas, vereda Bellavista, jurisdicción del municipio de Tuluá, departamento de Valle del Cauca.

Según testigos, cerca de las 6:30 PM, dos hombres a bordo de una motocicleta sin su respectiva placa de identificación y portando arma de fuego de largo alcance, llegaron hasta 500 metros antes de la casa de Humberto. Uno de los hombres se bajó de la motocicleta y se escondió en medio de una zona boscosa, mientras que su lugarteniente, el conductor de la moto, se retiró del lugar. Por fortuna, esos hombres no se volvieron a ver y, en estos momentos, Humberto se encuentra con su familia.

Este hecho se produce siete meses después de que el señor Humberto hubiera sido víctima de un atentado, cuando se dirigía a cumplir con su labor como transportador inter-veredal en la zona. Este hecho ocurrió el 23 de abril, cuando su vehículo Willis, que usa para el transporte de pasajeros, fue impactado con arma de fuego al parecer escopeta.

Desespera la derecha

Este tipo de actos pone en riesgo la implementación del Acuerdo de Paz. Ariel Ávila Martínez, subdirector académico de la Fundación Paz y Reconciliación y profesor de la Universidad Externado de Colombia, aseguró que el asesinato de líderes sociales, agrarios y estudiantiles se de en el marco del inminente fin de la guerra en el que a las FARC-EP y las organizaciones de base se le asegurará un futuro político con la implementación de lo acordado. Así explicó Ávila Martínez:

Por este caso, las organizaciones sociales del sur y occidente del país aseguraron que responderán con una importante manifestación a favor de la vida y la esperanza, contrariando las acciones de guerra y sangre con las que solo buscan temor y dolor de la población que quiere la paz. Apenas están organizando la logística, pero se espera que para la otra semana ya se empiece a hacer oficialmente la convocatoria que tendrá lugar en la plaza central del municipio de San Vicente del Caguán.

La Fiscalía se pronunció

Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación
Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación

Por su parte, Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la nación, dijo que dispuso ya un equipo especial que estará viajando a San Vicente y a otras zonas del país para empezar a recoger las primeras pesquisas de estos asesinatos masivos. En la cuanta oficial de Twitter, la Fiscalía habilitó las líneas de celular 3102779563 en Caquetá y 3183609051 en Nariño para recibir información sobre hechos ocurridos contra defensores de DDHH.

Sobre las posturas dogmáticas del mandatario uribista, Ávila Martínez sugirió que los organismos judiciales deberían abrirle una investigación de tipo disciplinaria. Así mismo, le envió un mensaje al Centro Democrático y le dijo que si de verdad querían la paz para el país, ese partido debe amonestarlo para que este tipo de aseveraciones y actitudes no se vuelvan a repetir. “Debe haber mucho control ciudadano para que este señor responda por lo que a dicho. Esto lo que demuestra es el nivel de polarización que hay en las regiones, y da mucha tristeza que un alcalde haga esos comentarios”, dijo.

En este sentido, el alcalde Humberto Sánchez exigió que las instituciones del Estado, de Derechos Humanos y organismos internacionales imparciales lleguen a investigar los hechos que en un solo fin de semana han dejado un alarmante número de asesinados y heridos. Recalcó que ninguna de las personas que lo rodean su círculo familiar y de trabajo “tiene la capacidad mental de poder nosotros planear este tipo de atentados, menos en contra de nuestros contradictores políticos”, resaltó.

Ante esta grave situación de Derechos Humanos, Ávila sugirió que entre las acciones que deberían encaminar las organizaciones sociales está la de exigir que se ponga en aplicación la Comisión de Seguridad que se crea en el marco del nuevo Acuerdo de Paz. “Que se tenga entre las prioridades revisar la situación de seguridad de estas organizaciones sociales. Que el sistema judicial tenga prioridad en estos casos, porque todos están en la impunidad”, puntualizó el académico.

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