Crisis en proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito en Caquetá

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Comunidades denunciaron que Wberty Arenas, quien está para defender el enfoque integral en la sustitución, ha dicho que apoya la erradicación forzada.

Organizaciones sociales, alcaldía y concejo municipal, denuncian “graves fallas” en el proceso de sustitución del Municipio de La Montañita (Caquetá).

Caquetá.

El pasado lunes 22 de enero de 2018, se reunieron en el municipio de La Montañita los delegados por las organizaciones y comunidades a la Comisión Municipal de Planeación Participativa (CMPP), los delegados al grupo motor para el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), delegados de ASOJUNTAS, concejales del municipio, delegado de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) para el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) y el delegado de la Alcaldía del municipio de la Montañita, y en esa reunión se expresó la crisis. Según dieron a conocer voceros de las organizaciones sociales, a esa reunión faltaron el delegado de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos y de la UNODC a quienes se les convocó para un próximo encuentro.

“En este espacio se realizó la presentación de las funciones de la CMPP y se expusieron varios de los problemas que en este momento afronta el proceso del PNIS en el municipio y que creemos necesario exponer para evitar así futuras tensiones y crisis de carácter social”, dice un comunicado dado a conocer por las organizaciones sociales.

Los problemas

En el comunicado que las bases sociales hicieron llegar a Recpsur, se dieron a conocer los principales problemas que afronta la sustitución de cultivos de uso ilícito en uno de los municipios con mayor actividad cocalera en el Caquetá.

“Se identificaron problemas en la escogencia de la Epsagro para la asistencia técnica de las veredas del primer acuerdo, la cual inicialmente no tuvo en cuenta a la CMPP y pasó por encima de este instrumento legitimado en noviembre del 2016 como el mecanismo para el diseño e implementación del PNIS en La Montañita como lo define el punto 4 y el “Protocolo de selección del equipo técnico por parte de las organizaciones implementadoras de la asistencia técnica integral en el marco de la nueva estrategia de sustitución de cultivos de uso ilícito”, dice el comunicado.

“Se conoció que el gobierno nacional apenas ha cumplido con los pagos a 25 de las 127 veredas que han sido atendidas en el marco de programa de sustitución”.

La situación fue replanteada a solicitud de la comunidad por los representantes de la CMPP de los núcleos de las 25 veredas de un primer acuerdo que se había firmado, delegado de FARC y Alcaldía Municipal. En una reunión se acordó así avalar a ASOPANELA para que ejecutara el componente de asistencia técnica.

Las labores de socialización han corrido principalmente por cuenta de las comunidades. Las instituciones han brillado por su ausencia y falta de iniciativa.

Cuestionados parámetros de inclusión y exclusión al Programa

“Existen anomalías respecto a los parámetros de inclusión o exclusión del programa, puesto que no han sido escuchadas las comunidades y no hay explicación por parte de ninguna entidad al respecto, creando un ambiente de zozobra e incertidumbre que organizaciones, comunidades, JAC y alcaldía no saben cómo afrontar ya que no hay explicación por parte de ninguna entidad. Se evidenció la preocupación general sobre la exclusión de decenas de inscritos que han salido del PNIS, y a quienes no se les ha explicado él porque de esta situación mediante la CMPP y el Concejo Municipal de Evaluación y Seguimiento (CMES)”, revelaron las organizaciones de base mediante comunicado.

Además de lo anterior, se conoció que el gobierno nacional apenas ha cumplido con los pagos a 25 de las 127 veredas que han sido atendidas en el marco de programa de sustitución.

“Aunque el proceso de inscripción individual se ha hecho, no hay avances claros y tampoco se desarrolla la asistencia técnica puesto que esta debe comenzar inmediatamente después de la firma del Acuerdo Colectivo y aún no hay claridades al respecto”, dicen las comunidades.

Miembros de algunos resguardos y cabildos indígenas expresaron su preocupación ya que no han sido atendidos, tampoco tomados en cuenta y desconocidos como grupos étnicos prioritarios, señalando que las respuesta que han recibido han sido a medias y de carácter evasivo.

Por ejemplo, las comunidades de la Vereda el Temblón denuncian que se han realizado erradicaciones forzadas desde el 17 de enero lo cual no solo viola el acuerdo adquirido con los mandos de las Fuerzas Militares el 29 de septiembre de 2016, sino que pone en alerta máxima a todo el municipio y departamento pues hay claros indicios de que la información recolectada en las inscripciones individuales se está filtrando y está siendo utilizada para reprimir a las comunidades y poner en riesgo el desarrollo del PNIS.

“Aunque el proceso de inscripción individual se ha hecho, no hay avances claros y tampoco se desarrolla la asistencia técnica puesto que esta debe comenzar inmediatamente después de la firma del Acuerdo Colectivo y aún no hay claridades al respecto”, dicen las comunidades.

Otra de las dimensiones del incumplimiento tiene que ver con la no atención atención e inclusión al programa de sustitución de los recolectores y recolectoras de hoja de coca.

A esto se suman las recientes fotografías difundidas en redes sociales en donde Wberty Arenas delegado del gobierno para el PNIS, aparece con mandos militares manifestando la intención de apoyar la erradicación forzada por encima del compromiso de sustitución que se adquirió con gobierno nacional en el marco de la firma de los Acuerdos Colectivos Municipales.

Incertidumbre

Las cosas en este panorama no están bien para las comunidades y la incertidumbre es grande, teniendo en cuenta antecedentes de uso de la fuerza por parte de las autoridades militares y de policía.

La expectativa de la gente ha sido siempre la de un trabajo articulado. Pero el manejo de los delegados en el Caquetá ha sido arbitrario, según denunciaron voceros de la comunidad.

En diferentes escenarios, los campesinos han manifestado su preocupación por los incumplimientos del gobierno.

“Es muy preocupante la incertidumbre y zozobra que existe en este momento, teniendo en cuenta la intención de presentar al Departamento del Caquetá como piloto del PNIS a nivel nacional; cuando a pesar de la total disposición de las comunidades, organizaciones sociales, JAC, gremios productivos, autoridades locales y alcaldía de apoyar, incentivar y promover el programa de SUSTITUCIÓN; el gobierno nacional responde con evasivas, reinterpretaciones de los acuerdos y amenazas advirtiendo que si no se está de acuerdo con la forma como se hacen las cosas, las fuerzas militares están listas para erradicar, judicializar y reprimir según sea el caso”, denunciaron.

“La nula articulación entre el PNIS y el PDET que debe ser resultado de una trabajo participativo y no de una decisión entre agencias del gobierno; el desconocimiento y exclusión de organizaciones, comunidades, JAC y sus delegados, en espacios de diseño y planeación, en donde de manera amañada y sin tomar en cuenta la opinión de las organizaciones y comunidades, se han legitimado acciones, tomado decisiones según los tiempos que les convenga al gobierno nacional y a los delegados de la UNODC”, agregan en el comunicado.

El tema está siendo analizado de manera muy precisa por las diferentes organizaciones sociales, para cuya dirigencia, el Estado está en una intención arbitraria de incumplimientos. Lo anterior, sin dudas redundará en una difícil problemática social en la región, teniendo en cuenta que los pobladores tienen como único sustento el cultivo de la hoja de coca, en medio de la negligencia, improvisación, autoritarismo, militarismo del Estado, en nuestro departamento.

 

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